Historia de la ley del derecho al voto - VRA
En marzo de 1965, en un puente en las afueras de Selma, Alabama, nacía una segunda fase de la revolución de los derechos civiles. Los activistas de los derechos civiles, dirigidos por el Dr. Martin Luther King, Jr. y otros, se tomaron las calles en una protesta pacífica por el derecho al voto para los afro-americanos. Se encontraron con palos y violencia. Muchos fueron golpeados y heridos seriamente, incluyendo un joven activista llamado John Lewis – quien es ahora el diputado Lewis.
Pero los activistas no marcharon en vano. La televisión trajo este conflicto entre la violencia y la protesta moral pacífica, a hogares a través de los Estados Unidos de Norte América.
Cinco días después, el presidente Lyndon Johnson anunció en una sesión conjunta del Congreso que él llevaría una propuesta de ley eficaz para el derecho al voto. Repitiendo el himno espiritual del movimiento de los derechos civiles, simplemente dijo, "venceremos." Él - y nosotros - vencimos. En agosto 6 de 1965, el Presidente Johnson aprobó el proyecto de ley del derecho al voto, aclamada por muchos como la ley de derechos civiles más eficaz en la historia de este país.
Antes del VRA
Antes de la guerra civil, a casi la totalidad de afro-americanos se les había quitado el derecho al voto a través de los estados. Los votantes latinos hicieron frente a barreras similares para votar en Texas y otras partes del sudoeste, al igual que los votantes nativo-americanos y asiático-americanos en el oeste. Incluso después de la promulgación de la décimo-quinta enmienda a la constitución, en 1870, que dio a todos los hombres, sin distinción de raza, color, o condiciones anteriores de esclavitud el derecho a votar, sin embargo muchos estados continuaron utilizando varios métodos para evitar que la gente de color votara, incluyendo pruebas de lectura y escritura, impuestos para poder votar, el impedimento del derecho a votar de ex prisioneros, la intimidación, amenazas, e incluso violencia. También, hasta 1965, las leyes federales no desafiaban la autoridad de los estados y localidades de establecer y administrar sus propios requisitos de votación.
El VRA
La ley del derecho al voto de 1965 fue diseñada para tratar los asuntos discutidos anteriormente. Esta ley prohíbe la discriminación basada en la raza, y requiere que ciertas jurisdicciones proporcionen ayuda bilingüe a los votantes de minorías que no hablan inglés fluidamente. La sección 2 de la ley, que impide el uso de prácticas o procedimientos de votación que discriminen contra votantes de minorías, se ha utilizado con éxito para atacar la discriminación en la votación incluyendo los requisitos restrictivos para registrar a los votantes, los planes distritales que diluyen la fuerza de votación de las minorías, las anexiones discriminatorias, y la ubicación de las urnas de votación en sitios inaccesibles para los votantes de las minorías raciales o étnicas.
La sección 5 de la ley requiere "preacreditación” federal antes de que las jurisdicciones abarcadas (es decir, jurisdicciones especificadas con una historia de prácticas que restringen los derechos al voto de las minorías) puedan realizar cambios en prácticas o procedimientos de votación existentes. La ley también le otorga al Departamento de Justicia la autoridad para designar observadores federales y examinadores para monitorear las elecciones y asegurarse de que sean conducidas imparcialmente. Inicialmente los esfuerzos de parte del gobierno fueron concentrados en eliminar las pruebas de lectura y escritura, impuestos para poder votar, y prácticas discriminatorias de registro entre otras cosas.
En 1975, la ley del derecho al voto fue enmendada para tratar los derechos al voto de los grupos de las minorías que no hablan ingles fluidamente. Las secciones 4(f)(4) y 203 de la ley se aplican en jurisdicciones que tengan un número significativo de votantes con limitado o ningún dominio del idioma inglés y requieren que tales jurisdicciones proporcionen ayuda y materiales de electorales en idiomas relevantes además del inglés.
La Corte Suprema y el VRA
Sin embargo, en el año 1980, la Corte Suprema dio un retroceso significativo a la aplicación del derecho al voto. En el caso de la ciudad de Mobile vs. Bolden, la Corte sostuvo que para establecer una violación de la Sección 2, el demandante tenía que demostrar que la política o procedimiento en cuestión fue motivado por un propósito discriminatorio.
Cuando el Congreso renovó la ley del derecho al voto en 1982, anuló la decisión de Bolden, poniendo en claro que es innecesario probar que ciertas prácticas de registro y de votación se han establecido con la intención de discriminar. En lugar de eso, la Sección 2 es violada si una corte concluye que una práctica de votación tiene el efecto de discriminar contra votantes de las minorías, sea o no que los demandantes puedan establecer que fueron motivados por prejuicios.
Las segunda enmienda de 1982 permite que la gente ciega, incapacitada, o analfabeta sea asistida en la votación por casi cualquier persona de su preferencia.
Después del censo de 1990 y de la después de los resultados de la ronda de redistribución distrital, el número de los representantes negros y latinos en el Congreso y en las cámara de representantes estatales a través del país aumentó dramáticamente.
Sin embargo, en 1993, la Corte Suprema dio otro golpe a la causa del derecho al voto de las minorías. En el caso de Shaw vs. Reno, la Corte decretó que el duodécimo distrito electoral de Carolina del Norte, el primer distrito en Carolina del Norte en elegir a un afro-americano al Congreso desde la reconstrucción, tenia una “forma tan extraña" que podría violar los derechos de los votantes blancos. La mayoría sugirió que tales distritos "extraños", podrían generar un estricto escrutinio a pesar de que los votantes blancos no podrían demostrar ningún daño específico para sí mismos. En otras palabras, un votante blanco podría desafiar una decisión de redistribución distrital simplemente alegando que la raza era un factor decisivo al trazar las líneas del distrito – incluso sin presentar evidencia de que la capacidad de los demandantes blancos de participar había sido deteriorada o que sus votos habían sido diluidos.
En otro caso de los años 90, Reno vs. el Consejo Escolar de la parroquia Bossier, la Corte Suprema sostuvo que el gobierno federal podría aprobar o "preacreditar" un cambio de votación por una jurisdicción amparada bajo la Sección 5 de la ley, incluso si tal cambio fue motivado con un propósito discriminatorio. Esta decisión ha obstaculizado severamente la efectividad de la Sección 5 y por lo tanto la capacidad del gobierno para luchar contra la discriminación hacia los votantes que pertenecen a minorías raciales o etnicas.
En 2003, la Corte Suprema publicó otra decisión, Georgia vs. Ashcroft, que tiene implicaciones para la aplicación de la Sección 5. La Corte interpretó la Sección 5 para permitir preacreditación en ciertas circunstancias si la "influencia” política total de las minorías votantes no es disminuida, incluso si su capacidad de elegir a candidatos de su preferencia si lo es. Esta decisión fue un abandono radical de la pasada práctica del Departamento de Justicia y de la Corte del Distrito de Columbia.
